Organización territorial en la España del XIX: el nacimiento de las provincias

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Este artículo forma parte de la serie “La organización territorial de la península Ibérica y España“. Artículo anterior: La organización territorial en la España del XIX: el absolutismo reformista.

El siglo XIX supone sin duda el camino hacia la estructuración de España en el mapa de provincias tal y como hoy lo conocemos. Como hemos ido viendo en los anteriores capítulos de esta serie dedicada a la organización territorial de España, en el primer tercio del siglo fueron muchos y variados los intentos de dotar de una estructura administrativa a España.

Pero no fue hasta el segundo tercio del siglo, cuando el proyecto al fin tomó forma. El gobierno formado en octubre de 1832 conservó la intención de continuar en el proyecto de división provincial y abandonar definitivamente la estructura de intendencias. El expediente de división territorial de Larramendi y Lamas pasó en enero de 1833 al ministerio de Fomento, de reciente creación, donde siguió abordándose el arreglo de los ayuntamientos.

la enfermedad de fernando VII

El Rey Fernando VII fallece en septiembre de 1833 y la Reina Regente decide continuar con las reformas administrativas. A tal efecto, en octubre de ese año, nombra ministro de Fomento a Javier de Burgos, que sería el máximo responsable de llevar a cabo la ansiada división provincial.

De Burgos se encuentra con el plan de división territorial de Larramendi, quien junto a Bauzá se puede considerar el verdadero precursor de la división administrativa contemporánea de España, aunque fuera De Burgos quien se llevara la fama. Por supuesto conocía a Larramendi y veía su plan como muy correcto en lo fundamental, si bien ponía peros a algunos aspectos.

Para De Burgos, el proyecto contaba con más provincias de las que deseaba (40) y la mayoría de ellas no alcanzaban los 300.000 habitantes que creía idóneos. También había criticado algunas capitalidades y a su juicio los límites eran poco ajustados a la naturaleza y demasiado a la historia. También echaba de menos los distritos o “subprefecturas”.

El Consejo de Gobierno no puso ninguna objeción al plan en sí. No obstante, apoyó a instancias del Ayuntamiento de Huesca, la capitalidad de esta ciudad en detrimento de Barbastro. Esto sucedía cuatro días antes de la promulgación del célebre Decreto de 30 de noviembre de 1833, por la que se divide España administrativamente en 49 provincias.

Tras la división administrativa, llegó el turno de la judicial, que se ajustaba a este esquema provincial. En enero de 1834 se publicó la nueva división de de audiencias y en abril de ese mismo año quedó aprobada la división en partidos judiciales de todas las provincias, salvo las forales, que inmersas en las guerras carlistas retrasaron su implantación hasta 1841.

El único aspecto que no se llevó a cabo fue la completa reforma del mapa municipal. Este punto, mucho más pegado a la tradición, suscitaba la frontal oposición de muchos territorios y las consecuencias de la supresión generalizada de ayuntamientos en una época políticamente delicada.

No obstante, en 1836 se procedió a agrupar a las parroquias gallegas en municipios mayores. Un plan que se hubiera querido extender al resto del Estado. En enero de 1845 se publicó la ley de ayuntamientos, que suprimió los municipios con menos de 30 vecinos. Desde entonces no se han realizado más modificaciones en el número de ayuntamientos, aunque en 1867 se pretendió suprimir los ayuntamientos de menos de 200 habitantes, algo que no se llevó a cabo.

Aunque Javier de Burgos sólo estampó su firma en un proyecto ya realizado -del cual conocía su proceso-, ha pasado como el impulsor definitivo de la reforma provincial. En absoluto se puede criticar que fuese una medida tomada en un despacho. Así, como se ha podido ver a lo largo de esta serie, el proyecto de división provincial realmente se remonta al de Bauzá y Larramendi de 1821, debatido en la propuesta de Cortes de 1822, y retomado sin grandes modificaciones en 1829 por Larramendi reproduciendo casi todas las provincias y capitales.

En general, no hubo una oposición generalizada a este proyecto provincial. En las elecciones de mayo de 1834 ya se usan las nuevas provincias como circunscripción electoral, según las disposiciones del Estatuto Real y en 1835 se instauran de manera efectiva las diputaciones provinciales. En pocos meses, la provincia pasó a ser un símbolo del régimen liberal.

El nuevo modelo se puso en conocimiento de la sociedad mediante la publicación de una cartografía actualizada en 1834 y 1836, que divulgó la nueva división. Sólo en escasos círculos liberales o bien el los territorios y ciudades que habían salido perjudicados frente a la división de 1822 se generó cierto rechazo a esta división provincial.

Mapa de la provincia de Toledo en 1834
Mapa de la provincia de Toledo en 1834. Fuente .

Javier de Burgos admite que el tiempo transcurrido de debate para la división provincial permite el realizar rectificaciones y a tal efecto crea una Comisión, que también trabajaría en una posible implantación de distritos subprovinciales, nunca llevados a cabo, al modo francés.

Hubo algunas variaciones, como por ejemplo en los límites provinciales en Aragón. El Ayuntamiento de Caspe rechazaba su inclusión en la provincia de Teruel por sus nulas relaciones con esa ciudad. Por ello, se propuso un intercambio de comarcas: Caspe y su entorno pasarían a la provincia de Zaragoza, mientras que la comarca de Calamocha pasaría a Teruel.

En noviembre de 1835 se comunica a las diputaciones que aleguen cualquier rectificación de los límites provinciales a la Comisión mixta; petición que se repite en septiembre de 1836. La primera reforma consecuencia de esta comisión es variar el límite entre las provincias de Valencia y Alicante, según ambas Diputaciones. Esta reordenación aproximaba la delimitación de Alicante a la del proyecto de 1822, al retrotraer el límite septentrional -pasaban a Valencia los partidos de Albaida, Gandía y Onteniente-; además, Alicante incorporaba dos localidades del antiguo reino de Murcia: Villena, procedente de Albacete, y Sax, enclave de la provincia de Murcia.

En la provincia de Logroño se aprobó la reinstauración de los límites de 1822. Pero nnunca se aplicó como en el caso de la provincia de Alicante, ya que La Rioja suponía la segregación de varios municipios de Álava y Navarra, en plena contienda carlista.

Entre 1836 y 1837 las Cortes registran una gran actividad con numerosos contenciosos territoriales: las extintas provincias de 1822 (El Bierzo, Calatayud y Játiva) reclaman volver a ser provincias en vigor. También se activa la pugna por la capitalidad en otras ciudades perjudicadas, como Almagro, Baeza, Barbastro, Mérida, Las Palmas, Plasencia o Vigo.

Por añadidura, también hubo rectificaciones puntuales de los límites provinciales. Miragenil, en Sevilla, se une a Puente de Don Gonzalo, en Córdoba, para formar un único municipio adscrito a la provincia de Córdoba, Puente-Genil. Por otro lado, San Vicente de Alcántara y Puebla de Obando pasan de Cáceres a Badajoz, al crearse el partido de Alburquerque. Mequinenza pasa de Huesca a Zaragoza en 1838 y Aranjuez pasa de Toledo a Madrid en 1842. En Galicia, las cinco parroquias del municipio de Mañón, y la de Freixo en Los Puentes de García Rodríguez pasan de Lugo a La Coruña. Por último, Villalpando y otros seis municipios (Cotanes, Prado, Quintanilla del Monte, Quintanilla del Olmo, Villamayor de Campos y Villardefallaves), fueron adscritos a Valladolid, pero enseguida aparecen unidos a la provincia de Zamora, salvo en lo judicial, hasta la creación de su partido en 1858.

La localidad manchega de Villarrobledo pasa de Ciudad Real a Albacete en marzo de 1846. También se incorporan a Valencia Oliva y otros pueblos desde Alicante, en 1847. Tres años más tarde Valdeavero pasa de Guadalajara a Madrid. La mayor parte del partido conquense de Requena pasa a la provincia de Valencia, en junio de 1851, un decreto que llevó la firma de un ministro valenciano. Por su parte, Tarragona reclamó y finalmente obtuvo de Lérida los municipios de La Cirera, Llorach, Savallá del Condado, Segura y Vallfogona de Riucorb en 1852.

Así las cosas, desde el sexto decenio del XIX no ha habido variaciones en los límites provinciales, salvo en tres casos, más de un siglo después de la instauración de las nuevas provincias. San Quierce de Riopisuerga, en Burgos, se agregó en 1973 a Alar del Rey, en Palencia, quedando adscrito a esta provincia. A la inversa, en 1978, San Llorente de la Vega, en Palencia, se unió a Melgar de Fernamental, en Burgos.

El cambio más reciente fue el de la localidad de Gátova, que pasó de Castellón a la provincia de Valencia, en 1996, requiriendo para ello una ley orgánica de las Cortes Generales, según marca la actual Constitución Española.

*Fuentes: (1) «Geografía política de la España constitucional. La división provincial», de J. Burgueño (1996). Se pueden encontrar extractos del libro en este foro. (2) La vasconia peninsular y la organización territorial española, de Xabier Zabaltza.

Artículo siguiente de la serie: La organización territorial de España en el siglo XX: el camino hacia las Autonomías.

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