La organización territorial en la España del XIX: el absolutismo reformista

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Este artículo forma parte de la serie “La organización territorial de la península ibérica y España“. Artículo anterior: La organización territorial en la España del XIX: el Trienio Liberal.

Pese a la involución de 1823 y la vuelta al absolutismo con la ayuda de Francia y sus ‘Cien mil hijos de San Luis’, seguía cuestionándose la estructura en intendencias y se abogaba por una definitiva reforma provincial. La visión más racionalista del territorio ya era compartida por casi todos los agentes políticos de todo el espectro.

La voz de alarma de las disfunciones de la vieja división en intendencias provino de la administración judicial, por la caótica y ambigua situación de la justicia, que se solapaba con las jurisdicciones tradicionales con la universalización de la justicia pública. Las Cortes de Cádiz abolieron las atribuciones judiciales de los señoríos y el régimen absolutista posterior lo había ratificado. Así, el Estado era el único agente con potestad en la administración de justicia. Esta necesidad de reforma afectaba tanto a las primeras como a las altas instancias judiciales.

Fusilamiento de Torrijos.
Fusilamiento de Torrijos. Gisbert. 

Por ello, fue el ministro de Justicia, el absolutista (y después carlista) Francisco Tadeo Calomarde, quien ya plantea la necesidad de una nueva provincialización en 1825 en el Consejo de Ministros.

A lo largo de 1826, Fernando VII recibió varias exposiciones para permitir algunas reformas moderadas, entre la que se incluye la reforma territorial: la provincia habría de ser la unidad administrativa básica del Estado, caracterizada por la presencia de una autoridad directamente relacionada con el Gobierno, como jefe director de los asuntos gubernativos, políticos y económicos.

La Comisión trabajó de 1825 a 1829. Aunque es poco conocida su tarea, de nuevo José Agustín de Larramendi le dio un impulso, en un proyecto similar al aprobado en las Cortes en 1822.

Las principales diferencias respecto a la división provincial anterior eran el estricto respeto a los límites tradicionales de los antiguos reinos y provincias. Hay dos grandes porciones en la península: una parte en la que se respetan estrictamente los límites históricos y otra en la que estos límites pueden variar -el resto-. Es decir, aunque los límites internos de las provincias que lo formen varíen, el perímetro externo de estos reinos se mantuvo inamovible.

De este respeto por los límites históricos se deriva una consecuencia inmediata: las provincias de Calatayud y El Bierzo, que ya eran pequeñas y poco pobladas, resultaban aún más menguadas, por lo que la solución fue su supresión, al no poder transgredir los límites de los grandes reinos. El Bierzo se reincorporó a León y Calatayud a Zaragoza.

Valencia también se divide en tres provincias, al suprimirse Játiva. Se recuperó la propuesta de Bauzá y Larramendi de 1821. Con todo esto, el número de provincias se redujo de 52 a 49. En cuanto a las capitales, se conservan todas las anteriores con dos cambios: Albacete reemplaza a Chinchilla y Pontevedra a Vigo. A esto hay que sumar algunas variaciones en los límites entre provincias.

Pero en conjunto, los cambios con respecto a la división de 1822 no eran de gran entidad. Al partir de la base de los trabajos de las provincias aprobadas en Cortes y añadiendo el respeto por los límites históricos, el trabajo se encontraba prácticamente realizado.

Audiencias, provincias y partidos judiciales

Las reformas tenían tres ámbitos de actuación: audiencias, provincias y partidos judiciales. Es posible que la nueva planta de tribunales se ultimase a la par que las provincias. La delimitación se hace en función de criterios como la población, topografía, distancias, divisiones naturales y relaciones mutuas, así como de la accesibilidad; partiendo de la parroquia como unidad elemental.

Este plan contenía un aspecto innovador, el de proponer formar algo así como “macromunicipios”. La existencia de umbrales de población para la época suponía en la mayor parte de los casos una agregación de los municipios. Por ejemplo los municipios aragoneses pasaban de 729 (los de hoy en día) a 121.

Con esta propuesta, el escalón provincial quedaba algo diluido y se llega a afirmar que esta división es preliminar para la racionalización de la división territorial. Por ello, Calomarde parece que dibuja unas provincias vacías de contenido, sin siquiera un jefe político al frente.

Para llevar a cabo estas divisiones, las audiencias y chancillerías habían encargado informes a magistrados o bien a técnicos de reconocido prestigio. En los casos en los que se solicitó información a ayuntamientos o corregidores, el proyectó reavivó las pretensiones de las ciudades para albergar alguna capitalidad y la agrupación de municipios despertó una fuerte oposición, por considerar que sería fuente de múltiples conflictos.

Desde agosto de 1829, José Lamas recibió los informes de chancillerías y audiencias. Su labor se basaba en revisar las propuestas de partidos y municipios, realizando nuevas consultas en los puntos menos claros. Lamas se veía incapaz de revisar unos límites provinciales que no había diseñado, así que solicita la colaboración de Larramendi, artífice del proyecto de división provincial. Revisaron límites provinciales, corregimientos y municipios.

Aunque el modo de llevar el proyecto de división fue más discreto que el de 1822 -al que se le dio publicidad en toda España-, no por ello dejó de ser menos participativo, pues introdujo una fase de revisión y elaboración descentralizada que permitió la intervención de técnicos bien conocedores de su ámbito territorial.

Lamas rectificó alguna capitalidad y ciertas demarcaciones atendiendo a la población. Finalmente, en mayo de 1831, Lamas y Larramendi entregan el proyecto a Calomarde. También se encargó a Manuel Caballero la realización de la cartografía de las nuevas provincias, de las que por su configuración, no se disponía de ninguna cartografía adecuada o actualizada, pues el referente seguía siendo la cartoteca de Tomás López. Este cometido se cumple en abril de 1832, a la que se añaden los datos revisados de población en los recuentos de 1829 y 1831, según zonas.

A la espera de resolver algunos detalles, la puesta en vigor de la nueva división provincial se demoró unos meses. Pero el problema sucesorio, los hechos acaecidos en La Granja en septiembre de 1832, la subsiguiente caída del equipo ministerial dieron al traste con la tramitación del plan de ordenación territorial desarrollado en la etapa absolutista.

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