La organización territorial de la España borbónica del XVIII

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Este artículo forma parte de la serie “La organización territorial de la península Ibérica y España“. Artículo anterior: Organización territorial de la España en tiempo de los Austrias.

Tal y como vimos en el anterior capítulo de esta serie, el sistema de ordenación del territorio de los Austrias se revelaba como demasiado complejo y poco eficaz para un Estado moderno del siglo XVIII. Así las cosas, en 1701, tras la muerte sin descedencia de Carlos II “El Hechizado”, Felipe V, un Borbón, accedió al trono. Con su llegada se desató la llamada Guerra de Sucesión (1701-1713). Fue un conflicto internacional (Francia y algunos ducados alemanes de un lado, Austria, Gran Bretaña u las Provincias Unidas de otro) pero también una guerra civil.

Guerra de Sucesión española
Las potencias internacionales en la Guerra de Sucesión española

Mientras la Corona de Castilla y Navarra se mantuvieron fieles al candidato borbónico (Felipe V), la mayor parte de la Corona de Aragón prestó su apoyo al candidato austriaco (Carlos VI). Los Borbones, que salieron victoriosos tras 12 años de conflicto, eran más centralistas que los Austrias y trataron de hacer de su monarquía un Estado absolutista. Para ello necesitaban una ordenación del territorio diferente, más racional. Más francesa.

Era imperativo terminar con las diferentes legislaciones y las peculiaridades de cada reino. Y no era tarea fácil. La labor uniformizadora se llevó a cabo por medio de los Decretos de Nueva Planta (PDF), que se aplicaron a la Corona de Aragón y en general a todos los territorios que lucharon en contra de Felipe V en la guerra de Sucesión.

En este documento el rey  declara «abolidos y derogados todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella, y en sus tribunales sin diferencia alguna en nada».

En 1711 se impone en Aragón el Decreto de Nueva Planta, en 1715 en Mallorca, en 1716 en Cataluña: con ellos desaparecen las instituciones tradicionales y los fueros de los reinos. En 1717 se intentan suprimir las aduanas internas, pero la rebelión en el País Vasco lo impide, por lo que las fronteras volverán al interior.

A pesar de que no hubo grandes resistencias, la corona tuvo de transigir con viejas costumbres, como la de nombrar para los cargos públicos a naturales. También desaparecieron las Cortes. 1724 es la primera ocasión en que asisten los territorios de la antigua Corona de Aragón a las Cortes de Castilla, poco después de la Guerra de Sucesión y la Nueva Planta, por la que se abolieron las institituciones aragonesas, catalanas, valencianas y mallorquinas

El Nomenclátor de Floridablanca

Durante el siglo XVIII la necesidad perentoria de la organización territorial de España se convierte en un tópico, muy relacionado con el de la “decadencia” del Imperio. La fuente documental que marca la división territorial española del S XVIII es en Nomenclátor de 1789 (aquí el original).

Elaborado ya bajo el reinado de Carlos IV, realiza un inventario de todas las entidades locales, con el propósito ilustrado de mejorar la administración. Se le conoce como división de Floridablanca, pero no es una división, sino la constatación de cómo era el mapa político de España. Como suele pasar, Floridablanca se llevó la fama, pero esta hercúlea tarea fue realizada por el paleógrafo toledano Francisco Javier Santiago Palomares.

Las intendencias de Floridablanca
Las intendencias de Floridablanca

La España borbónica trae consigo la creación de las intendencias, que  reúnen todas las atribuciones administrativas -no la judicial-, lo cual sin duda supone un importante paso centralizador. Estos funcionarios (intendentes) fueron una pieza clave como representantes del nuevo orden que se buscaba imponer. Era una institución francesa que fue aplicada en todas las regiones de España y luego en América para achicar las jurisdicciones y aumentar la posibilidad de controlar la recaudación tributaria.

En los intendentes recayó la responsabilidad de recaudar impuestos, dirigir los ejércitos y fomentar la economía regional. Los efectos del accionar de los intendentes fueron positivos en el plano económico, pero entraron a competir y a interceder en el ámbito de otras autoridades locales y regionales con las cuales no lograban ponerse de acuerdo. En 1718 se divide la España peninsular en 18 intendencias, agrupando provincias, y creando la de La Mancha a partir de Toledo. Posteriormente se fue recortando poder a los intendentes y en 1724 se extingue esta figura.

En 1749 se reinstaura, esta vez, con un intendente en cada provincia del Reino: son los reinos de la Corona de Aragón y las provincias castellanas (incluida La Mancha); en total 25 peninsulares y 2 insulares. Las capitales son las conocidas, excepto La Coruña en Galicia, Extremadura en Badajoz (antes Mérida), La Mancha en Almagro (después en Ciudad Real), y Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Ahora bien, en las tres provincias Vascongadas y en Navarra no había intendente. Tampoco en Asturias, pese a tener instituciones propias, así que se representó por la intendencia de León.

En 1772 se crea además, la intendencia de las Nuevas Poblaciones, dividida en dos sectores: la de Andalucía, entre Écija y Córdoba, y la de Sierra Morena, al norte de Linares. Se exceptúa de la división provincial los Reales Sitios, bajo la administración directa de la Corona.

Límites irregulares

La característica de las provincias e intendencias en este siglo se resumen en dos: desigualdad de tamaños e irregularidades en los límites. Hay provincias enormes -las de la Corona de Aragón, Cuenca, La Mancha, Toledo, Burgos, León, Galicia, Extremadura, Sevilla, Granada y Murcia en un extremo; frente a las provincias Vascongadas, las Nuevas Poblaciones y las provincias castellanas de Madrid, Palencia, Toro y Zamora.

La irregularidad de los límites se ve en los enclaves, entrantes y salientes de las provincias, y enclaves, en especial en la zona de Madrid y en la de Tierra de Campos. El caso más llamativo es Toro, dividido en tres partidos inconexos. Así, el 62% de su territorio está enclavado; en Madrid es el 60%, Valladolid del 45%. En el extremo opuesto, Soria y Valencia por debajo del 2%, Jaén y Burgos con un 3% y Segovia con un 6%.

Provincias e intendencias de España en 1789
Provincias e intendencias de España en 1789

A pesar del esfuerzo uniformador, no se pudo reintegrar a todos los señoríos, para dotarlos de una nueva organización, por lo que se mantuvieron muchas peculiaridades. Estas peculiaridades tendrán especial importancia en la recaudación de impuestos. Habrá provincias exentas, como Navarra y el País Vasco, y fiscalidad diferenciada para la Corona de Aragón.

A finales del siglo XVIII la España peninsular cuenta con 4 territorios forales, 21 provincias correspondientes al resto de la Corona de Castilla, y 3 reinos en la Corona de Aragón: en total, 28 provincias. La función de éstas en la Corona de Aragón era sinónima a los reinos; en la Corona de Castilla, tenían una función fiscal y representativa de Cortes, pero no política o judicial, pues de ello se encargaba el corregidor.

Con todo, este sistema se sigue demostrando como muy irracional y no permite un gobierno eficaz. Los ilustrados tratarán de remediar la situación. En 1799, Miguel Cayetano Soler que, como superintendente de Hacienda propondrá la creación de otras 6 provincias para equiparar la extensión de todas.

Así, Soler creó las provincias marítimas de Alicante (separada de Valencia), Asturias (de León), Cádiz (de Sevilla), Málaga (de Granada) y Santander (de Burgos), que perduran en la actualidad, y la de Cartagena (segregada de Murcia), que quedó en el olvido, salvo para algunos cartageneros que aún la reclaman. En 1804, Godoy crea la provincia de Sanlúcar de Barrameda, con partidos judiciales provenientes de Sevilla, pero no tiene continuidad histórica. Entre 1801 y 1805 se intenta otra división, para facilitar la recaudación de impuestos. Pero no tiene éxito. La invasión napoleónica detiene el proceso.

*Fuentes: (1) «Geografía política de la España constitucional. La división provincial», de J. Burgueño (1996). Se pueden encontrar extractos del libro en este foro. (2) Decretos de nueva planta. (3) ¿Cuáles fueron las reformas borbónicas? (4) La España de los Borbones. (5) La vasconia peninsular y la organización territorial española, de Xabier Zabaltza.

Artículo siguiente de la serie: La organización territorial en la España del XIX: el dominio napoleónico. Consulta toda la serie.

6 COMENTARIOS

  1. El candidato austracista era Carlos de Habsburgo, no Leopoldo I, quien era su padre, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico hasta su muerte en 1705. Carlos sucedió a su hermano José en 1711 como Emperador, lo cual dio fue significativo en la dimensión internacional de la Guerra de Sucesión.
    Lamentablemente no he terminado el artículo al ver tan garrafal error al tratar de explicar la Guerra de Sucesión Española pues denota desconocer el contexto europeo de la época.

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